22 de noviembre de 2008

Caso Tucapel Jiménez

Los familiares de Tucapel Jiménez aún no pueden estar tranquilos. Después de 20 años de espera, el fallo en primera instancia en el proceso por el asesinato del presidente de la Anef no sólo redujo de 16 a 12 la lista de responsables, sino que dictaminó sentencias que en algunos casos resultan irrisorias (ver recuadro en pág. 6). Sin duda, serán minimizadas más aún cuando pasen por el cedazo de la Corte Suprema y al final del túnel judicial ya se vislumbra la amnistía. Por eso, apenas se conoció el fallo del ministro en visita Sergio Muñoz, los querellantes anunciaron su decisión de apelar. "Esta es una nueva decepción de la justicia", declaró Tucapel Jiménez Fuentes, el menor de los tres hijos del sindicalista asesinado.

Aunque todavía queda un buen trecho para llegar al final del juicio, el dictamen de primera instancia reafirmó que el crimen fue fraguado y ejecutado por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine), centro neurálgico de esta rama de las FF.AA. No correspondió a un "exceso" de algunos uniformados, sino que fue una orden emanada desde los altos mandos que recorrió todas las jerarquías hasta llegar a las manos asesinas. Cuatro generales han sido condenados, uno de los cuales se encontraba en servicio activo al momento de ser procesado. El general Hernán Ramírez Hald será recordado por eso, como también debido a su bochornosa resistencia a presentarse ante la justicia -eludió durante 15 días la convocatoria del juez- y por las felicitaciones que recibió del presidente Ricardo Lagos cuando finalmente las presiones lo obligaron a retirarse del ejército para presentarse al tribunal como civil. Es indiscutible que el ministro Sergio Muñoz trabajó concienzudamente, lo que no significa que el caso haya sido aclarado en su totalidad ni que en la nómina de condenados estén todos los responsables. La verdad completa aún no se termina de conocer en Chile. Tucapel Jiménez hijo señaló que después de leer los 27 tomos del expediente estaba convencido que la orden de matar provino de Pinochet. Pero ni siquiera fue llamado a declarar. El ex dictador jamás respondió a los requerimientos de Sergio Muñoz, quien le envió una carta rogatoria durante su cautiverio en Londres y le dirigió varios oficios. También quedaron en la penumbra otros actores de menor relevancia. Lo sustancial, sin embargo, permite reconstruir una de las historias criminales más siniestras y complejas tejidas bajo la dictadura militar, gracias a que no está cubierta por la impúdica Ley de Amnistía y al profesionalismo del ministro en visita. Basta recordar los 17 años en que el juez Sergio Valenzuela Patiño arrastró el caso sin mayores resultados.

Hoy se sabe cómo y por qué mataron a Tucapel Jiménez el 25 de febrero de 1982; en qué circunstancias y quiénes dieron muerte al carpintero Juan Alegría Mundaca para culparlo del asesinato del sindicalista, y cómo se urdió una torva trama para hacer que el verdadero hechor, Carlos Herrera Jiménez, escapara a Uruguay para eludir la justicia. Gran parte de esta truculenta historia se pudo reconstruir a través de las declaraciones de los inculpados y testigos durante la etapa probatoria del juicio, a pesar que el único autor confeso es Carlos Herrera Jiménez. Su confesión, ratificada en posteriores declaraciones, la hizo ante el ministro en visita el 6 de octubre del 2000 y forma parte de los cuadernos reservados de Sergio Muñoz. Herrera fue el primer ex militar en admitir sus crímenes ante la justicia, y en identificar a quienes le dieron las órdenes, lo que sentó un precedente para que otros comenzaran a hablar, motivados por el silencio de sus superiores que dejaba a los uniformados de menor rango como únicos culpables.

ARRANCAR LA CIZAÑA

El sindicalista Tucapel Jiménez, miembro del Partido Radical, se le puso entre ceja y ceja al régimen militar desde que se negó a seguir incondicionalmente sus designios.



A la cabeza de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), se empeñó a comienzos de los 80 en gestar una unidad amplia de los trabajadores que sumara fuerzas a los intentos que hacía el Grupo de los Diez por llegar a un pacto con los militares para que abandonaran el gobierno. La búsqueda de aliados en todos los sectores lo llevó a sostener varias entrevistas con el general Gustavo Leigh, el ex comandante en jefe de la Fach que integró la primera junta militar de gobierno, ya caído en desgracia por sus discrepancias con Pinochet. Y con el apoyo de la norteamericana AFL-CIO, Jiménez no trepidó en invitar a la internacional de trabajadores portuarios a boicotear las exportaciones de productos chilenos.

Todo esto lo puso en la mira de la Dirección de Organizaciones Civiles de la fascistoide Secretaría Nacional de los Gremios, que dirigía Misael Galleguillos. Controlaron cada uno de sus pasos, labor que luego continuó la CNI en forma más profesional. Las amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas comenzaron a ser pan de cada día en el hogar del dirigente sindical. De quienes participaron en esta etapa previa fueron procesados como cómplices los miembros de la CNI Miguel Hernández Oyarce, Roberto Schmied y Julio Olivares Silva. Pero ahora están absueltos.
Tucapel Jiménez Alfaro, presidente de la Anef: casi toda la verdad y justicia a medias después de 20 años de su asesinato.

El ministro Muñoz había dejado anteriormente sin efecto los autos de procesamiento contra otros ex agentes de la CNI, como también contra los civiles Misael Galleguillos y Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas.

En 1981, Tucapel Jiménez fue exonerado de Dirinco, donde había trabajado casi toda su vida, y se compró un taxi marca Datsun con el que siguió ganándose el sustento. El 21 de febrero de 1982, cuatro días antes de su asesinato, Pinochet afirmaba en un discurso que su gobierno "jamás va a tolerar volver atrás, que algunos enquistados estén actuando en forma negativa y tratando de sembrar la cizaña en las mentes de los trabajadores (...) ¡Tengan mucho cuidado, señores!".

El entonces capitán de ejército Carlos Alberto Herrera Jiménez (hoy coronel en retiro), que ya tenía a su haber varias congratulaciones por su sangre fría para apretar el gatillo, fue trasladado en enero de 1982 de la CNI a la Unidad de Contraespionaje del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), dependiente de la Dine, que dirigía el general Arturo Ramsés Alvarez Sgolia. Su superior inmediato era el jefe de Contraespionaje, mayor Francisco Ferrer Lima, quien a su vez recibía órdenes del subdirector de la Dine, brigadier general Víctor Pinto Pérez. El Departamento de Contrainteligencia funcionaba en el Cuartel Coihueco (Echeñique 5045).

En la plenaria del juicio efectuada en abril de este año, Herrera declaró que a fines de enero o principios de febrero de 1982 "fui citado a la oficina de mi jefe (Ferrer Lima), quien me transmitió que había sido designado para una operación dispuesta por el mando: la eliminación del señor Tucapel Jiménez. Recibí la misión, me llevó a la oficina del comandante Pinto, y en algún momento de ese evento se me entregó el arma (...). El comandante Pinto reiteró la orden en los mismos términos, la eliminación de Tucapel Jiménez, que era indispensable porque era un traidor entregado a intereses foráneos".

Herrera continuó: "Se me asignaron dos subalternos, se me hizo ver que debería parecer una acción de delincuentes (...), un asalto a taxistas. Se me dio a conocer la rutina del señor Jiménez, su domicilio, vehículo, todo lo cual estaba establecido con anterioridad. Se agregó un arma cortante y se me dio instrucciones de cómo realizar la operación de acuerdo con la recopilación de información que se había hecho con anterioridad. Quién realizó la recopilación y cuándo se hizo no se me dijo ni lo pregunté (...). El lugar para la eliminación estaba decidido, se sabía la rutina de este señor. Se sabía que el señor Jiménez salía (de su casa) taxeando (...). También se dieron elementos de comunicación, dos radios y un taxi Peugeot 404".

Ante una pregunta de cómo le dieron la información, respondió: "En forma verbal. La entrega de la información me la hicieron tanto Ferrer como Pinto (...) Luego, la elección del día no podía ser taxativa, se tenía que dar que el señor Jiménez saliera de su casa y lo pudiéramos detener. Sin embargo, cuando recibí la orden la operación comenzaba de inmediato (...) Después se me dijo que la operación quedaba diferida para otro día, y el 24 de febrero se me dice que la operación va nuevamente y las condiciones se dieron al día siguiente".

Cuando el tribunal le consulta qué margen de libertad tenía ante una orden como esa, señala. "Creo que ninguno, si bien es cierto que si yo hubiera reclamado de la orden por estimarla ilícita tendría que haberlo hecho ante el señor Pinto, y de insistir, habría llegado al señor Alvarez (Arturo Alvarez Sgolia), personas todas que estaban coludidas". El juez le pide que explique por qué nombra a Alvarez como al tanto de la operación. "La razón es que era el superior del mando", dice.

En cuanto a la motivación para ejecutar el homicidio, declara Carlos Herrera: "Se me dijo que el señor Jiménez era un traidor y que era necesaria su eliminación. Dado lo que se vivía en ese momento no necesitaba más motivación que esa (...), me sentí honrado con la designación por la razón que me daban para la eliminación. Formalmente no me opuse a la orden (...). Entré a la Escuela Militar a los 13 años, desde esa fecha fui educado en el irrestricto cumplimiento de una orden".

Le vuelven a preguntar si le consta personalmente que el general Alvarez tenía conocimiento personal de la orden. "Previo a la muerte del señor Jiménez no me consta para nada, no obstante el comandante Pinto en el momento de reiterarme la misión me hizo saber que esta orden la sabía yo, Ferrer, el Dine y mostró la foto del general Pinochet. Posterior a la muerte del señor Jiménez, al lunes siguiente, el comandante Pinto me llevó a la oficina del señor Alvarez en Juan Antonio Ríos Nº 7, donde el señor Alvarez me felicitó. Dijo que había prestado un gran servicio y que estuviera tranquilo, que nada me podría ocurrir". En otro momento del interrogatorio, reafirma: "La orden me la dio tanto Ferrer como Pinto, y Pinto me dijo que también la orden la había dispuesto o la sabía el Dine, esto es, el general Alvarez".

ASALTO MORTAL

El taxi de Tucapel Jiménez fue detenido poco después de haber salido de su casa. Según versiones extraoficiales, lo habría interceptado el carabinero Luis Pino Moreno, a quien conocía porque era el marido de una de sus sobrinas. Sin embargo, este sujeto no aparece en el relato de Herrera, quien sólo alude a los "dos subalternos" mencionados anteriormente, a quienes se niega identificar. Expone así sus razones de este silencio: "En la organización jerárquicamente organizada las personas deben estar imbuidas de honor y dignidad, porque los subalternos siempre van a cumplir y los superiores deben asumir responsablemente las órdenes dadas, lo que no ha ocurrido en este hecho. Yo no quiero hacer lo mismo, por lo que (...) me abstengo de referirme a la identidad de mis subalternos, porque soy responsable de lo que ellos hicieron, aceptando incluso una eventual sanción del tribunal". Así, sólo los identifica como suboficiales "1" y "2". "El suboficial 1, conduciendo el vehículo, debía ubicarse frente al domicilio del señor Jiménez y debía informarme el momento en que saliera de su domicilio. Debía seguir al señor Jiménez. Con el suboficial 2, al tener en frente el vehículo de la víctima teníamos que detenerlo como pasajeros. Así se hizo ese 25 de febrero. Una vez a bordo del taxi, con el suboficial 2 sentado a la derecha del señor Jiménez y yo inmediatamente detrás, le dijimos que se dirigiera a las parrilladas Pudahuel, ya que ambos con el suboficial éramos cesantes y en ese restaurante habían posibilidades de trabajo. Le dijimos (...) que nosotros veníamos de Valparaíso. Siempre siguiéndonos el suboficial 1 en el taxi Peugeot. El plan consistía en que una vez que llegáramos a las inmediaciones de las parrilladas Pudahuel nos identificáramos con el suboficial 2 como agentes de seguridad. Y le hicimos saber al señor Jiménez que estaba detenido. En ese momento, mediante una señal, el suboficial 1 se adelantó al vehículo Peugeot y se dirigió al lugar en que se le eliminaría, y marcó el lugar, porque el señor Jiménez, siempre siguió manejando su propio auto. Llegado al lugar, una vez que el señor Jiménez se detuvo, yo procedí a dispararle. Una vez que recibió los impactos de bala y, obviamente, falleció, con el suboficial 2 nos trasladamos al Peugeot, nos instalamos en el asiento trasero, nos tapamos con una frazada y nos dirigimos a la unidad. Los suboficiales, ambos, dependían del CIE, Letelier…, la verdad es que no recuerdo de quien dependían ambos".

El lapsus de Herrera -"Letelier"- confirma que se refiere a Miguel Letelier Verdugo. El ministro Muñoz no logró precisar si fue él o Manuel Contreras Donaire (el segundo suboficial) quien degolló al sindicalista después de haber recibido cinco tiros en la cabeza. En otro momento, el homicida confeso agrega que tras dar muerte a Tucapel, "se retiró el taxímetro, lo que nos costó porque no sabíamos cómo hacerlo. Se le retiraron a la víctima sus documentos de identidad, creo, y me parece que su carnet de chofer, los que estaban en un portadocumentos". Como si sólo fueran ladrones.

LA MADEJA SE ENREDA

La conmoción pública que generó el asesinato del líder de la Anef llevó a los aparatos militar y de seguridad a buscar desesperadamente un culpable para dar por aclarado el homicidio. Uno año y medio después del crimen apareció "suicidado" el modesto carpintero Juan Alegría Mundaca, en Valparaíso, junto con una nota donde confesaba haber dado muerte a Tucapel. Fue un montaje de la CNI. El caso fue aclarado judicialmente el año 2000 por el ministro Sergio Muñoz, quien sentenció a cadena perpetua a Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército en retiro y ex director operativo de la CNI; al ex mayor Carlos Herrera Jiménez, y al suboficial Armando Cabrera Aguilar, como autores del homicidio. Estos dos últimos ya estaban cumpliendo condena por el asesinato del transportista DC Mario Fernández, cometido el 18 de octubre de 1984 en La Serena. Según la confesión de los asesinos, Juan Alegría Mundaca fue emborrachado e hipnotizado por Osvaldo Pincetti Gac -condenado como cómplice a 10 años y un día- para obligarlo a escribir la carta. Luego, mientras Carlos Herrera y Cabrera Aguilar lo sujetaban, Corbalán le cortó ambas muñecas para que se desangrara. La autopsia reveló que estos cortes fueron de alrededor de 8 por 4 centímetros, con seccionamiento de tendones, arterias y venas.

"Yo estuve en Contraespionaje hasta enero o febrero de 1983, cuando se me envía a la CNI en Viña del Mar", declaró Herrera Jiménez. Luego estuvo a cargo de la CNI en Quillota. Pero en los 90 empezaron los requerimientos judiciales y entró a dudar de aquella promesa de Alvarez Sgolia de que nada le ocurriría. Mucho después, cuando fue detenido, se descubrieron en casa de su madre copias de cartas que había escrito entre 1988 y 1990, una dirigida al director de la CNI, y dos al director de la Dine, general Hernán Ramírez Rurange, para pedirles apoyo y dinero para salir del país. Durante el interrogatorio, Herrera afirmó que esos mensajes llegaron a sus destinatarios, "porque hablé con ambos con posterioridad sobre el tenor de estas cartas (...), con ambos hablé que yo había participado en la muerte de Tucapel Jiménez (...) Yo entendía o creía que bastaba la influencia de los militares para que estos asuntos judiciales se terminaran, me doy cuenta que estaba equivocado (...). Intenté hablar con el comandante en jefe y llegué sólo al señor jefe del estado mayor, el señor Sánchez Casillas".

Precisa que en la primera carta "reitero que desde el año 1984 no puedo tener una vida normal con mi familia, pido se me pague una deuda de Corfo, que no se pagó y ahora entiendo que no tenían por qué haberlo hecho. Posteriormente, en la segunda carta le manifiesto al director que entiendo que me haya destinado a Quillota, que mantengo la deuda con Corfo, pido que se preocupe del suboficial Cabrera y conducto regular para hablar con el comandante en jefe del Ejército para proponer curso de acción a seguir".

Meses después lo sacaron del país con una identidad falsa. Así lo cuenta Carlos Herrera: "En el mes de junio o julio operaron a mi esposa en el Hospital Militar y alguien enviado por el general Torres Silva dijo que debía presentarme en la Auditoría (General del Ejército). Lo que hice, ante el general Torres, y él personalmente me comunicó que yo debía salir del país por la situación de Tucapel Jiménez, que se había agravado o estaba por agravarse (...), me dijo que me preparara porque debía salir pronto. Me citó después el general a una segunda reunión en la que le pregunté quién daba la orden, me dijo que era el comandante en jefe del Ejército en coordinación con la Dine, con quienes no tuve contacto. Hubo una tercera reunión en que estuvieron el general Torres, Silva (mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés, asesor del director de la Dine) y yo, (en la que) se decidió la fecha en que saldría del país. (...) Yo estaba activo y dependía de la guarnición de Quillota, presenté la baja el 29 de Agosto de 1991, y se me cursó de inmediato". Más adelante y ante una nueva pregunta, Herrera aclara que "el señor Torres me hizo saber que el señor Silva representaba al señor Ramírez (Rurange) y que él proporcionaría los medios para mi salida. No me cupo ninguna duda de que el señor Ramírez Rurange estaba interiorizado de esto (...) Los medios fueron carnet de identidad, pasajes y tres mil dólares". Eso lo recibió el 19 de septiembre de 1991, en los baños del aeropuerto de Pudahuel, momentos antes de partir en el vuelo Swissair con destino a Uruguay. En ese viaje lo acompañaron los oficiales Rodríguez Márquez y Silva Valdés, de la Dine. "En ese país, al tiempo, arrendé un departamento en el barrio de Pocitos, a través de algunas personas me contacté con la asociación de criadores de cerdo, yo conseguí una suerte de asesoría porque querían instaurar la modalidad del nuevo cerdo (...). En diciembre llegaron mis hijos y el 15 de enero llegó mi señora. El 18 de enero de 1992 fui detenido en Argentina. Vivía con los 3.000 dólares que se me habían entregado".

Ante otra interrogante del tribunal, Herrera asegura que Torres Silva estaba enterado de la forma en que se fraguó el homicido, quién intervino y de dónde venía la orden. "Dijo que este era el caso tal vez más grave que afectaría al ejército".

LA MALA MEMORIA

Las declaraciones de Herrera contrastan con las del resto de los interrogados, donde menudean los "no recuerdo", los "no sé" y falsas coartadas.

El ex director de la Dine, Arturo Alvarez Sgolia, declaró que sólo supo que Herrera Jiménez dio muerte a Tucapel Jiménez cuando éste confesó hace dos años. Y justificó su ignorancia diciendo "cuando este hecho (asesinato) sucedió yo me encontraba haciendo uso de mi feriado legal en la localidad de Pichidangui, concretamente en la Hostería Kontiki. Me enteré de la muerte del señor Jiménez por la radio de mi auto y lo consideré un hecho policial". En otra parte de su declaración, acusa a la CNI: "Creo que el homicidio de Tucapel Jiménez fue dispuesto desde la CNI y específicamente por su director de la época, don Humberto Gordon Rubio". Este, quien había alcanzado a ser procesado como encubridor por el ministro Muñoz, falleció sorpresivamente el 15 de junio de 2001. Pero dejó un par de cartas incriminando a la Dine. Francisco Ferrer Lima también echa al agua a Alvarez Sgolia, junto con varios más. En su declaración del 25 de abril da a entender que el asesinato de Tucapel Jiménez fue vox populi en el CIE. Señala: "yo había escuchado lo de la mañana, a la una de la tarde, cuando el señor Herrera da cuenta que cumplió la orden de asesinar al señor Jiménez Alfaro" (al parecer, por comunicación radial). En otro momento dice que ese día "yo estaba en el CIE y sentí un gran revuelo en el hall principal, salí a ver qué había pasado y me encontré con que Herrera le había dado cuenta al brigadier Pinto que había dado muerte a Tucapel Jiménez. El brigadier Pinto se había descompuesto o le había dado un ataque. Después de escuchar esto, que me impactó, me fui a mi oficina. El mismo día, en la noche, el señor Pinto me llama y que debo hacer un trabajo especial (...) ordena que debo hacer desaparecer unos elementos (...) Era una caja muy simple, de cartón, que contenía partes de un arma que podía haber sido cualquier cosa, una pistola o revólver, parte de un cuchillo rústico, nada especial y lo que podría haber sido parte de un taxímetro. Tomo las especies y las lancé al Canal San Carlos en el Puente Larraín. Al día siguiente le digo al brigadier que cumplí la orden y no se habló más del asunto porque me dijo que se haría una reunión con el general".

"¿Asistió usted?", le preguntó el tribunal. "Sí, el comandante del CIE me manda llamar, voy a la reunión en Juan Antonio Ríos 6 y el general Alvarez dice que no quiere que se vuelva a decir que el general Pinochet ordenó la muerte, que no se vuelva a hablar, que él asumiría toda responsabilidad, que si cualquier oficial vuelve a hablar o deja pasar algo, será severamente sancionado". Enseguida, Ferrer nombra algunos oficiales que estuvieron en esa reunión: "Recuerdo al brigadier Pinto, al oficial Figueroa Abarzúa, al mayor Ramírez Hald". También menciona a un oficial retirado, Juan Barriga.

En todo caso, el arma homicida, un revólver Dan Wesson calibre 22, no terminó en el Canal San Carlos. El ministro la incautó el año 2000 desde la Dirección de Movilización del Ejército y, tras una pesquisa digna de Sherlock Holmes, llegó a ratificar técnica y científicamente que fue el arma disparada por Herrera. Ese revólver había sido obtenido por el mayor Juan Carlos Arriagada y el civil Jorge León Alessandrini de la Armería Italiana un día antes del crimen, por orden del general Hernán Ramírez Hald, jefe de Contrainteligencia de la Dine.

Durante el proceso, el ex general Ramírez Rurange hizo todos los esfuerzos para mostrarse como una inocente paloma. Dijo haberse enterado por la prensa que Herrera Jiménez había asesinado a Tucapel Jiménez y que aunque el oficial Silva Valdés dependía de él (era jefe del Departamento de Protocolo y Análisis de la Dine) nunca lo instruyó para que se reuniera con Torres Silva. Tampoco recibió ninguna carta de Herrera Jiménez, ni se enteró que Silva y Rodríguez Márquez viajaron al extranjero acompañando a Herrera. Cuando el ministro insiste en ese punto, precisa: "(...) el mayor Silva fue mandado por mí a preparar una conferencia bilateral en Montevideo (...), conferencia a la que viajé yo enviado por el ejército. Respecto del señor Rodríguez (...), cumplía asuntos de seguridad a los que no me referiré en esta audiencia pública".
Pero Arturo Silva Valdés desmiente a su ex jefe, cuando reconoce haber viajado junto con Herrera a Uruguay en septiembre de 1991, cumpliendo una orden. "Yo debía corroborar que el señor Herrera abandonara el país y llegara sin inconveniente a Uruguay, y así sucedió", dijo en su declaración. Y remachó: "La orden la recibo de mi jefe, el director de Inteligencia". Este, con posterioridad, "me entrega un sobre para entregárselo a Herrera en el aeropuerto". Agrega que anteriormente se había reunido con Herrera en la Auditoría General del Ejército, en la oficina del coronel Enrique Ibarra Chamorro, sin saber que estaba implicado en el caso Tucapel Jiménez.


"Yo no sabía sino que había una situación que eventualmente afectaría a un oficial en problemas con la justicia. Hay principios de lealtad y compañerismo, que en el ejército son importantes y que me habrían llevado a hacer lo mismo". Por su parte, el ex general Fernando Torres Silva, admitió que había recibido instrucciones de Pinochet para preocuparse permanentemente de los procesos que afectaban a militares en servicio activo, pero negó que le hubiera ordenado a Herrera salir del país y nada sabía de su reunión con Silva: "El es una suerte de Townley, no tiene nada que perder (...) hay quienes le han pedido que me involucre, porque todo lo que rodea al señor Herrera es hasta algo cinematográfico".

Y ratifica: "Tengo absoluto desconocimiento de la salida de Herrera y del apoyo que hubo recibido". Cuando el ministro le pregunta si sabe que existe una colaboración monetaria del personal de ejército para defender a funcionarios involucrados en asuntos de derechos humanos, responde: "No me consta que en este momento se esté efectuando, cuando yo estaba como auditor había algo de eso"